La permanencia en la ciudad de la oficina de la Dirección General de Tráfico motiva la moción que el grupo político La Línea 100x100, que sustenta al equipo de gobierno, trasladará al próximo pleno ordinario de la Corporación municipal, ante los rumores que indican que podría dejar de funcionar en el municipio.
En su exposición de motivos se recuerda la reiterada reclamación por parte del Ayuntamiento al Gobierno de la Nación para que se reconozca un plan de inversiones transitorio específico para la ciudad hasta que se produzca la firma del acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido sobre las relaciones con Gibraltar, adecuándose dicho plan cuando se produzca dicho acuerdo.
De igual forma, destaca que la Oficina de Tráfico es uno de los escasos servicios esenciales en los que tiene competencias plenas el Gobierno, junto con el tránsito por la verja, lamentando los argumentos expuestos por la Oficina de Coordinación del Estado en el Campo de Gibraltar que justifica el posible cierre de estas dependencias por ser muy costosas para las arcas del Estado.
En la moción se recuerda como esta oficina se presentó inicialmente como ejemplo de descentralización administrativa con respecto a Cádiz capital, subrayando que este globo sonda sobre su posible cierre “es altamente peligroso” y una decisión que el Ayuntamiento “no puede permitir” al ser un servicio de atención a los ciudadanos en cuestiones como la gestión de trámites sobre el carné de conducir, multas de tráfico, transferencias y otros, que simplifican la gestión sin tener que trasladarse a Cádiz.
Sobre este asunto, argumenta que el posible cierre supondría “una afrenta más a los linenses”, especialmente cuando desde el Ayuntamiento se está pidiendo un régimen de incentivos para los funcionarios de la administración pública, con el objetivo de estimular su permanencia en La Línea de la Concepción en sectores como la sanidad, educación, seguridad o justicia.
Desde el equipo de gobierno no comparten los criterios de alto coste de la oficina para justificar el cierre, recordando que la Administración General del Estado tiene inmuebles propios cerrados en la ciudad que ni pone en valor ni los cede al Ayuntamiento para darles uso, por lo que podría plantearse un cambio de lugar de estas dependencias para seguir prestando el servicio.
La moción reclama a la Dirección General de Tráfico, a través del Coordinador del Estado en el Campo de Gibraltar, un compromiso firme de que esta oficina permanecerá en la localidad, en su doble faceta de atención telemática y presencial, además de dotarle de personal especializado para la atención que se deriva de los trámites relacionados con los examinadores y conductores con carnets del Reino Unido/Gibraltar, con quien todos los acuerdos en materia de tráfico de la Unión Europea han dejado de tener validez.
Por último se requiere de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la Diputación provincial de Cádiz, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los parlamentos de Andalucía y de España una declaración institucional en la que se ratifique la permanencia de la Oficina de la DGT en la ciudad, remitiéndose certificación del acuerdo al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el director general de Tráfico, Pere Navarro, y el coordinador de la Administración General del Estado en la comarca, Francisco Gil.
