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El PSOE reclamará en el pleno la “readmisión inmediata” del trabajador de CTA-Algesa que sufrió despido improcedente



El Grupo Municipal Socialista lamenta en la moción registrada que el alcalde tome decisiones “unilateralmente” y sin informar al Consejo de Administración de las empresas públicas, que tuvieron conocimiento de esta sentencia judicial por fuentes externas


El PSOE de Algeciras ha registrado ya una moción para que el pleno de este mes de febrero, que se celebra el viernes 24, apruebe reclamar la “inmediata readmisión” del trabajador de la empresa pública CTA-Algesa que fue objeto de un despido improcedente, según la sentencia judicial 28/2023 de 31 de enero de 2023, conocida en las últimas semanas.

En el texto de la moción, que será defendida por el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Fran Fernández, se solicita también que se proceda a la inmediata paralización de cualquier posible recurso apelación ante las salas judiciales y que se acate la sentencia, evitando con ello “un mayor perjuicio al patrimonio público del municipio de Algeciras”.

El Grupo Socialista lamenta también en la moción que la oposición haya tenido que tener conocimiento de dicha sentencia a través de fuentes externas, como medios de comunicación, sindicatos y terceras personas, y no, de manera oficial, a través del Consejo de Administración de CTA-Algesa, empresa pública de la cual el alcalde de Algeciras es también presidente y, por tanto, máximo responsable.

Lo ocurrido, según se defenderá ante el pleno, no es sino un ejemplo más de que dicho alcalde “toma decisiones unilateralmente” y mantiene al margen, de éste y otros asuntos de relevancia, a la Junta General y al Consejo de Administración de Algesa, empresa cuyo capital es 100% municipal, y en cuyo seno están representados todos los grupos de la Corporación.

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado en reiteradas ocasiones (Comisión de Seguimiento, Mociones elevadas a pleno...) información sobre posibles denuncias o procedimientos judiciales que afectasen a la sociedad CTA-Algesa y no se nos ha facilitado tal información”, recuerda también la moción registrada por el PSOE.

Asimismo, en dicho texto se advierte de que sentencias condenatorias, como la que tiene que ver con este despido improcedente, o una investigación como la iniciada recientemente por el Tribunal de Cuentas son “hechos que afectan a la gestión y al patrimonio de la empresa”, y que son lo “suficientemente graves” como para que todos los grupos políticos hubieran sido informados de ellos en tiempo y forma, y no de los que se hayan tenido que enterar por la prensa.

En cualquier caso, la sentencia Nº28/2023, de la que “no se ha facilitado documentación ni al Consejo de Administración ni a los consejeros”,dice textualmente que se estima “la demanda interpuesta por Don J.M.S.M. contra Algesa”, se declara “la improcedencia del despido”, y se obliga a optar entre la indemnización o “la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido”.

Los socialistas, que consideran “graves” los hechos que se transcriben, y que dan lugar a dicha sentencia, consideran también que el equipo de gobierno municipal y, más concretamente, el alcalde-presidente de Algesa, debería dar “las explicaciones oportunas para aclarar una situación que puede repercutir en el patrimonio de la empresa, por haberse tomado decisiones arbitrarias y sin sentido”.

A este respecto, cabe tener en cuenta que, según dice textualmente la propia sentenciala duplicidad de funciones ha sido generada por la propia actuación de ALGESA, ya que CTM tenía un informático que era el actor y a pesar de ello, y a sabiendas que iba a asumir el servicio y a subrogar a los trabajadores desde 2017, contrata a otro informático que implementa el servicio para ALGESA, para después despedir al actor porque ya tiene en su plantilla un informático”.

En definitiva, entendemos que el alcalde no puede tomar unilateralmente una decisión que no le corresponde, que está suponiendo graves perjuicios al patrimonio público, y que vulnera los derechos del trabajador, que además tiene reconocida un 65% de discapacidad, y que ha sido despedido de forma injusta”, concluye el portavoz socialista.

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