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Alertan de un nuevo proyecto para urbanizar la playa de Valdevaqueros aprovechando el estado de alarma


Este domingo, a través de comunicado oficial, la plataforma Salvemos Valdevaqueros pidió a la sociedad civil que se opusiera una vez más contra un nuevo proyecto de urbanización en la playa tarifeña de Valdevaqueros. La plataforma explicó en un comunicado que después del "Decreto sobre la mejora y simplificación de las normas de promoción de la producción andaluza", la Junta de Andalucía pretende dar luz verde para permitir urbanizar el Sector SL-1 Valdevaqueros en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Tarifa.

Valdevaqueros Pueblo SLU, promotora y principal propietaria del sector, ha presentado la correspondiente documentación al gobierno andaluz y al Ayuntamiento de Tarifa.

Desde la Plataforma, que ha iniciado una recogida de firmas a través de internet, señalan que “estamos ante un gravísimo decreto exprés que aprovechando el problema del Covid-19 (coronavirus) y el Estado de Alarma, emiten una norma que pudiera considerarse contra derecho. De ahí que la plataforma se esté planteando la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pues como se temen, el decreto pone en peligro espacios como Valdevaqueros, Los Lances, Bolonia, no sólo por el negacionismo ambiental que regirá las decisiones de la administración andaluza, sino porque se abriría la veda para construir campos de golf sin freno ni protección ambiental”

Además denuncian que la promotora está a través de publicidad “falseando la realidad con los puestos de trabajo, engañando a la población con unas perspectivas falsas”. Por otro lado, la plataforma Salvemos Valdevaqueros anuncia también que pretende “llevar el decretazo del tripartito andaluz ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea”, ya que entiende que “el Parlamento Andaluz ha convalidado un decreto aprobado recientemente por el Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se desregulan numerosas actividades económicas, se reduce la participación pública y ciudadana y se eliminan garantías ambientales, mientras que el Ejecutivo lo justifica en la necesidad de soluciona la maraña burocrática y el exceso de legislación, que a su entender constituye "una pesada carga para el crecimiento económico de una región"
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