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Los tarifeños denuncian que les tocará pagar la negligencia continuada de su Ayuntamiento


Nota de prensa| La Asociación de vecinos Cuarton Parque lamenta que, después de casi 30 años  denunciando lo que iba pasar mediante quejas, escritos, informes y denuncias que no sirvieron para  nada, el pasado mes de Noviembre se produjera sentencia el Tribunal Superior de Justicia de  Andalucía dando la razón a la empresa propietaria de la urbanización El Cuartón, obligando al  Ayuntamiento de Tarifa a obtener y asumir las calles y zonas verdes de esta urbanización mediante  su expropiación.


Para los vecinos del Cuartón, el Ayuntamiento de Tarifa ha venido actuando de forma  negligente durante más de 30 años, siendo advertido por el Defensor del Pueblo Andaluz desde el  año 1993 en distintos expedientes, del coste que para las arcas públicas supondría, y del atentado  contra todas las normas superiores que, con esta dejación urbanística, (se) estaba(n) cometiendo.

Esta negligencia que no es otra que, a pesar de no estar construida la urbanización, en 1995  otorgó la clasificación de suelo urbano, y en el año 2010 en la adaptación del Plan General a la  nueva Ley de Ordenación urbanística de Andalucía ( LOUA), y sin estar construida la urbanización,  le otorgó el grado de urbano consolidado.


Como quiera que en todo este tiempo el Ayuntamiento, léase, responsables políticos y funcionarios  públicos habidos desde el año 1983, ni promovió la terminación de la urbanización ni reclamó al  responsable, léase, a su dueño, con el objeto de la obtener y asumir las calles y zonas verdes, y  habiendo transcurrido el plazo que la nueva Ley le otorgaba para obtenerlas, y ahora se le da la  razón a dicho propietario a solicitar su expropiación, es decir, a recibir un justiprecio de la  administración urbanística responsable, léase, del Ayuntamiento de Tarifa.

Mayor indignación tienen los vecinos porque, según el Plan General, el destino de dichas  calles y zonas verdes es público, y su propietario debía entregarlos al Ayuntamiento libre y gratuitamente, cosa que hizo el propietario de la urbanización antes de iniciar el contencioso y que  fue rechazado por este Ayuntamiento porque la urbanización sigue sin estar construida ni terminada.


¿Y ahora qué? , unas calles y servicios públicos que debían obtenerse gratuitamente ahora hay que pagarlas, y mayor perjuicio sin estar construidas ni terminadas. Pagarlas con dinero público, de nuestros impuestos, dinero que irá de menos a la educación, a la sanidad pública o a los servicios sociales y municipales. ¿a quién, o a quienes, hay que pedir responsabilidades en este caso?

No todo es dinero, también es el agotamiento moral y económico de docenas de pleitos y demandas, y del malestar entre los vecinos, quiénes vinieron a vivir con una seguridad jurídica y urbanística que han sido quebrantadas por el Ayuntamiento de Tarifa y por otros vecinos que han forzado el régimen jurídico para pretender subrogar a todos en los costes de conservación de la urbanización, léase, el obligado a conservarla es su propietario, el mismo que va a ser indemnizado por el Ayuntamiento de Tarifa.

 

La Asociación hace una reflexión de si con todo esto no debiera intervenir el derecho penal pues no es más insoportable para el sistema jurídico que esta contravención flagrante, disparatada y absurda de la dejación de la actividad administrativa, y de la distorsión jurídica de algunos vecinos que han perjudicado a las arcas públicas, a la administración de Justicia, y a la vida de muchos vecinos de esta urbanización.

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