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Una funcionaria de la prisión de Botafuegos acaba en el hospital tras ser agredida por un interno


La prisión de Botafuegos sigue aportando cifras a las estadísticas estatales que aúpan a los trabajadores penitenciarios al número 1o en el ránking de colectivos públicos más agredidos en el desempeño de su trabajo.


En el día de ayer, una funcionaria tuvo que ser atendida en la enfermería de la prisión y posteriormente en el hospital con lesiones de diversa consideración (esguinces y magulladuras) tras intervenir en la reducción de un interno.


Los hechos se sucedieron en el M8 cuando un interno pidió el cambio de celda por no llevarse bien con su compañero de reclusión, por ello fue golpeado, trasladándose al agresor al módulo 15 con objeto de evitar problemas de mayor gravedad.


Ingresa en el módulo 15, insultando a los Funcionarios de servicio, resistiéndose a cumplir órdenes e intentando autolesionarse, por lo que finalmente es reducido con la única finalidad de velar por su integridad física y salud.


Se trata de un interno de 48 años de edad, cuya primera entrada data del año 2006, multireincidente con 5 entradas en prisión, con partes disciplinarios por tenencia de objetos prohibidos, agresión a otro interno, e insultos. En Marzo del 2022 ingresó por última vez para cumplir una condena de algo más de 6 meses, tiene la libertad definitiva en septiembre de éste mismo año.


Desde el Sindicato Acaip-Ugt, se señala que la “tolerancia cero” no existe, pero si que “se puede aminorar si se tomaran medidas preventivas, evitando elementos como la masificación, la falta de formación, la falta de personal, la mala atención a drogodependientes y enfermos mentales, la falta de protección jurídica, el reconocimiento de agente de la autoridad, la actualización del protocolo específico de actuación frente a las agresiones (PEAFA)...”


Por otro lado, los sindicalistas señalan que el máximo responsable de la epidemia en forma de agresiones que sufren sus empleados, “es el Secretario General de prisiones Angel Luis Ortiz, el cual una vez más da muestras de su incapacidad para resolver los problemas que asolan las cárceles españolas, pero que sin embargo está dentro de los 60 altos cargos de la administración mejor pagados de todo el país.”


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